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11 April, 2012

Científicos critican propuesta del gobierno de "máximo rendimiento sostenible" en nueva Ley de Pesca

Por Radio del Mar

En el marco de las discusiones parlamentarias sobre el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar criticó al gobierno por su propuesta de “máximo rendimiento sostenible (MRS)" por especie o recurso, por ser incompatible con un enfoque ecosistémico. Además, la agrupación cuestionó la externalización de la fiscalización de los desembarques -que es financiada por las propias empresas pesqueras-, y demandó que la nueva Ley del sector contemple que estas claves operaciones de control, vuelva a manos del Estado.

A la sesión de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, realizada el 2 de abril, asistió la presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, Cecilia Cancino; el vicepresidente, Eduardo Tarifeño; y los socios Ciro Oyarzún y Enzo Acuña. Este último fue quien dio a conocer la opinión de la agrupación sobre el proyecto de Ley impulsado por el Ministro de Economía, Pablo Longueira, y que tiende a privatizar el patrimonio pesquero nacional.

Esta iniciativa legal se encuentra en su primer trámite legislativo y ya ha sido rechazada por la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales, que agrupa a más de 50 mil hombres y mujeres que viven de la pesca de pequeña escala.

En la sesión legislativa, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar presentó además información que demuestra que la flota pesquera industrial que opera en aguas internacionales no es la principal responsable del colapso de la pesquería del jurel.

Enfoque precautorio v/s máximo rendimiento sostenible

En la sesión, Enzo Acuña señaló que “la Sociedad apoya la incorporación en la ley del enfoque precautorio, el que supone la aplicación de una previsión prudente cuando no se conoce con certeza el efecto probable del aprovechamiento de los recursos”.

Agregó que “este debe conceder prioridad a la conservación de la capacidad productiva de los mismos y el enfoque ecosistémico, que desde el punto de vista del ecosistema considera a la comunidad biológica y su ambiente abiótico, incluyendo al hombre y, que se expresa integralmente en tres objetivos: conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los bienes y servicios de la biodiversidad”.

Acuña sostuvo que el concepto aplicado en la propuesta del gobierno de "máximo rendimiento sostenible (MRS) "por especie o recurso no es compatible con el enfoque ecosistémico, que plantea que el ser humano no es el único predador de las especies marinas y que, por tanto, al agotar un recurso también se afecta a toda la cadena alimentaria. Un enfoque bioeconómico es más conservador ya que las utilidades máximas se obtienen con capturas menores al MRS”.

El representante de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar precisó que “para esta tarea se necesitan recursos económicos para investigación que tripliquen o quintupliquen los aportes actuales que recibe el Fondo de Investigación Pesquera (FIP), los que además han representado una fracción menor de lo recaudado por patentes pesqueras y que las cuotas deben estar determinadas sobre los excedentes productivos de las pesquerías y no sobre ellos, si realmente se espera una recuperación de las especies”.

Investigación pública e independiente

El proyecto de Ley de Pesca contempla que se eliminen las facultades resolutivas de los Consejos Nacional y Zonales de Pesca, y se creé un nuevo organismo auxiliar de la administración pesquera denominado Panel de Expertos. Además se incorpora la facultad a la Subsecretaría de Pesca de crear Comités Técnico-científicos.

Frente a esto, Enzo Acuña planteó que se debe garantizar un proceso de toma de decisiones independiente. La Sociedad solicita “que se consagre participación en la generación del Plan de Investigación, priorizando las necesidades de investigación en los recursos que son de su conocimiento”, afirmó el especialista.

Agregó que “de mantenerse el Panel de Expertos que contempla el proyecto, proponemos que no solo sea un ente consultor, sino que sus opiniones sean vinculantes para el establecimiento de las cuotas de pesca, y esté compuesto por los presidentes de los Comités Científicos, los que además deben ser parte integral del sistema y no facultad de la Subsecretaría de Pesca el constituirlos".

Para la agrupación científica, el Estado no puede prescindir de contar con un Instituto que realice investigación para la administración de sus pesquerías. En consecuencia debiera ser público, con financiamiento del Presupuesto Nacional. El representante de la Sociedad Enzo Acuña planteó la necesidad que el actual Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) sea de carácter público (no solo de rol público) y que las bases de datos y los resultados de sus investigaciones también deben ser públicos y sometidos a la evaluación por sus pares.

Rechazan fiscalización en manos privadas

La Sociedad criticó además la externalización de la fiscalización de los desembarques pesqueros, que actualmente es financiada por las propias empresas. En su opinión, “la fiscalización debe ser rol del Estado y por lo tanto debe estar financiada”, por éste.

El representante de la Sociedad de Ciencias del Mar, agregó que “en el proyecto de modificación no existe referencia a la coordinación entre los distintos organismos públicos de la institucionalidad pesquera, en particular Subpesca y Sernapesca”.

No se puede cargar de fiscalización a éste último sin conocer o evaluar sus reales capacidades y financiamiento”, sentenció el académico.

En este sentido, destacó que “la autoridad debe mejorar la coordinación entre ambos servicios, y que al asignarle nuevas responsabilidades de fiscalización a Sernapesca, se considere la entrega de los recursos y personal necesario para cumplir con esas nuevas funciones”.

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